P O L I T Y K R O N O S.Hugo Isaac Rea Torres. Gobierno podrido de corrupción el de “el patas”

PODER.- “El poder es el afrodisíaco más fuerte. El que ha perdido el respeto de sí mismo no sabe ya mandar ni conducir.”: Nietzsche.

En esa tesitura se ubica el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien se ha desentendido de la responsabilidad que se le encomendó a partir del 1 de diciembre del 2016.

Se dice que “el poder se ejerce, no se comparte”, pero hasta hoy “el patas” no lo ha entendido y ha permitido que su hijo, Juan Manuel Gastélum Rivera, sin ser parte formal de la estructura administrativa del XXII Ayuntamiento, haga lo que le venga en gana y tome decisiones que obviamente no le corresponden en lo absoluto.

Pero “el patas” no sólo a su vástago se lo ha permitido, sino que hasta a su jefe de escoltas, Samuel Gómez, le ha dejado que tome decisiones en el manejo de la policía municipal, haciendo ver al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, como un monigote.

Constancia de ello es la asignación que Samuel Gómez ha hecho de más de la mitad de las delegaciones a gente cercana a él nombrándolos como jefes de distrito, a fin de que le rindan cuentas directamente.

Samuel Gómez se respalda en el apoyo que le brinda Ulises Díaz, jefe de seguridad del gobernador Kiko Vega, por lo que le importa un comino lo que pueda decir “el patas”.

La abulia y pusilanimidad de quien debería ser la primera autoridad en el municipio, ha permitido que el “botín” que representa la Secretaría de Seguridad Pública se lo hayan repartido entre unos cuantos, todo en perjuicio de los ciudadanos.

Es así como también Francisco Castillo Fraga, jefe de tránsito de Tijuana, haya influido para que se nombrara como encargado de despacho de la Dirección de la SSPM a Mario Martínez Martínez, tras la renuncia de Felipe Chan Baltazar.

Ese grupo, además de otras cosas, se ha dedicado a instalar los inconstitucionales “filtros sorpresa” (retenes) en las zonas populares de la ciudad, en donde habitan en su mayoría personas de escasos recursos económicos que cuentan con vehículos de procedencia extranjera para despojarlos de los mismos, luego del jugoso acuerdo que hicieron con los concesionarios del servicio de grúas y almacenamiento de unidades, quienes les pagan 200 pesos por carro decomisado y llevado al corralón.

Ante ese nivel de corrupción, tan sólo a los policías que participan con los concesionarios de las grúas y corralones les reditúa un ingreso promedio mensual entre 160 mil y 200 mil pesos mensuales de “comisiones”.

Obviamente, pese a que la autoridad preventiva debe ser coadyuvante de otras autoridades, eso lo realizan sin notificar a las autoridades fiscales para que elaboren el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanal (PAMA), pues se les acabaría el negocio y a los dueños de los corralones les escasearía el negocio de refacciones usadas.

Un detalle más de evidente corrupción y complicidad en la que incurre incluso la Sindicatura Procuradora, es que a los ciudadanos que son víctimas del “robo oficial” de sus vehículos y que pretenden recuperarlos por ser su único patrimonio para trasladarse a sus trabajos o realizar actividades comerciales, es que les dicen que deberán esperar hasta una semana para confirmar si no tiene algún reporte delictivo en territorio estadounidense, pese a que mantienen constante comunicación a través del grupo de coordinación y saben perfectamente que no son unidades robadas, pues de lo contrario deberían detener a los conductores de los mismos, pero esa retención representa más ingresos para los corralones por concepto de almacenaje que cobran por día.

¿Así quieren que los ciudadanos confíen en sus “autoridades”?

¿Hasta cuándo despertará “el patas”?

Hasta aquí la dejamos, no sin antes recomendarles que ¡NO SE ENREDEN Y PUNTO!

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